Una serie de observaciones y recomendaciones a los acuerdos para la reforma estructural del transporte de carga por carretera, suscritos en días pasados entre el Gobierno Nacional y los integrantes de la cruzada camionera, hizo la Procuraduría al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo.

Estas recomendaciones tienen que ver con los términos definidos para el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo. Para el Ministerio Público es conveniente precisar si estos tiempos son entendidos de la misma manera por las partes, es decir el gobierno y los representantes del gremio camionero. Esto debido a que tras revisar lo suscrito, según la Procuraduría, “algunos de los puntos no poseen fecha definida y otros se subdividen en varias tareas con fechas distintas”. 

La entidad sugiere para este propósito “la expedición de decretos y actos administrativos, ya que los allí pactados podrían no corresponder a los necesarios para la expedición de los mismos y por lo tanto se llegaría a considerar que el Gobierno Nacional no está dando cumplimiento de lo acordado”.

En otro de los apartes citados por el Ministerio Público está que “la renovación del parque automotor de carga por carretera bajo el sistema 1 a 1 debe contar con una metodología específica para todo el proceso, definiendo la cantidad de vehículos a chatarrizar de conformidad con los recursos disponibles, los criterios de selección que permitan orientar los recursos a los pequeños transportadores, así como los medios de control que contribuyan a garantizar la transparencia del proceso buscando evitar cualquier hecho de corrupción”.

La entidad recomienda generar mecanismos de control que fortalezcan el sistema RUNT, además de definir un plan de trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo para la realización de la actividad de inspección, vigilancia y control orientada a la formalización laboral y a las garantías para el sector transportador de carga.